El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó sentado un precedente claro: la admisión de candidaturas de elección popular de personas con procesos vigentes vinculados a la negociación con pandilla y compra de votos a cambio de dinero; así como la orden irrevocable de juzgado que ha desobedecido el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson. En ambos casos la Fiscalía General de la República habría protegido a los jefes edilicios afines al partido ARENA, del cual es parte el fiscal general, Raúl Melara, según se ha evidenciado a través de fotografías en redes sociales.
Para muchos en el TSE no era de extrañarse, pues, magistrados han mostrado preferencia hacia partidos políticos hermanos como ARENA y el FMLN.
La semana pasada el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, interpuso un recurso contra las candidaturas de los alcaldes, Ernesto Muyshondt y Roberto d’Aubuisson, las cuales sido denegadas.
En una entrevista que concedió a YSKL el Presidente de la Junta Electoral Departamental de San Salvador, Armando Cienfuegos, el funcionario aseguró que la demanda del ministro no cumplía con algunos requisitos.
De acuerdo al funcionario del organismo colegiado, los dos escritos presentados por el titular de Trabajo, se expone que Muyshondt, quién corre por una reelección por la comuna capitalina, cuenta con un proceso judicial abierto por negociaciones de pandillas que lo inhiben a participar en la contienda electoral por la alcaldía de San Salvador; mientras que d’Aubuisson, que busca un segundo período en tecleño, recibió recientemente una sentencia que lo obliga a reinstalar a empleados destituidos arbitrariamente.
El petitorio de Castro se adhiere al Código Electoral que exige a los candidatos no tener antecedentes judiciales, expuso Castro en las solicitudes; sin embargo, Cienfuegos señaló que estos recursos tienen que presentarse en la Junta Electoral Departamental, respectivas a su gobierno, ya que estas se encargan de escrutar las planillas de candidatos a alcaldes y concejos municipales y así verificar que se apeguen a las condiciones que establece la legislación electoral. Para Castro se trata de un leguleyo político.
Por esta razón el ministro Castro no tardó en referirse a esta resolución y lamentó que con esta el TSE siente un mal precedente, tal y como lo había advertido.
“Con esta descripción se sienta un precedente que cualquier delincuente en este país se inscribe por leguleyos jurídicos, o sea de ser cierto esta noticia, lo que dice la JED, si son delincuentes pero el escrito no lo presentó en la respectiva instancia. magia de @TSEElSalvador”, señaló en su cuenta de Twitter.
Lo cierto es que con esta resolución, cualquier delincuente puede inscribirse y el país podría ser gobernado, hasta por un pandillero.