Sindicalistas piden la destitución de jueces Ana América Lorena Rodríguez y Juan Antonio Duran

Se trata de los jueces Ana América Lorena Rodríguez, quien se desempeña como Juez Especializado de Instrucción, en San Salvador y Juan Antonio Duran que ejerce en el Juzgado Segundo de Sentencia de Zacatecoluca.

Desde las cinco de la mañana centenares de miembros del Movimiento Sindical Salvadoreño se concentraron en la zona para cerrar el paso vehicular de la Diagonal Universitaria y para bloquear los tres accesos a la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a los sindicalistas, la jueza ya tiene una investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) porque es acusada de ejercer con un título falso que le otorgó la Universidad Salvadoreña (USAL).

Rodríguez aparece en una amplia investigación de la FGR que determina que obtuvo su título de abogado y notario de la USAL sin haber cursado una sola materia en dicho centro de estudios.

Según consta la investigación en la USAL le dieron equivalencias de 54 materias a pesar que el pensum de esa universidad solo exigía 50 materias; por lo tanto, la FGR en su Informe sobre la investigación de títulos irregulares de Licenciatura en Ciencias Jurídicas determinó que la profesional obtuvo un “título irregular”. La misma investigación hacen la aclaración: “Con respecto a los títulos cuestionados, se ha preferido usar la expresión ‘títulos irregulares’ a la de ‘títulos falsos’”.

En medio de ese panorama los sindicalistas manifestaron su inconformidad con el órgano Judicial porque a pesar de este antecendete no ha separado a Rodríguez de su cargo y consideran que “esto es constitutivo de delito. ¿Cómo se llama a las personas que cometen delitos? delincuentes y cómo va a estar en las manos de un delincuente la facultad de juzgar a otros”, cuestionó Miguel Villalta, vocero del Movimiento.

En el caso de Juan Antonio Durán, los sindicalistas señalan que es un juez parcial, que tienen claros nexos partidarios, con el partido FMLN eso debido a que su hermano Walter Durán diputado del FMLN, quien también fungió como cónsul.

Durán Ramírez es señalado de dictar sentencias que han dañado a la población como la sentencia exprés que dictó para impedir el embargo por $228 millones a la empresa ASTALDI por dejar abandonada la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, durante el periodo presidencial de Mauricio Funes.

Durán Ramírez también es acusado de actuar a favor de INTRATEX de El Salvador S.A. de C.V., una empresa de la familia Simán, con una sentencia que exoneró a dicha empresa que era acusada de evadir el pago de $5.3 millones de dólares en impuestos.

De acuerdo a los sindicalistas con ambas sentencias, Durán afectó grandemente a la población salvadoreña porque son fondos que debieron regresar al Estado con los que se ha dejado de hacer obras de beneficio social.

Los sindicalistas desbloquearon los accesos al mediodía, pero advierten esta es la primera movilización que hacen para exigir que se depure el Órgano judicial.

Compartir