Si la Fiscalía General de la República (FGR) hubiese respetado los plazos respectivos en los juzgados, el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, habría tenido que salir de la contienda electoral por no gozar de una solvencia moral y judicial la ley electoral impide que opten por candidaturas de elección popular aquellas personas con procesos judiciales abiertos, como es el caso de ambos munícipes.
No obstante y pese a los reiterados señalamientos de que la Fiscalía favorece al actual jefe edilicio, esta vez colocó la cereza al pastel al extender el plazo de investigación en el proceso que se le sigue. Con esta ampliación, el Ministerio Público, ha entrampado la misma ley electoral y sentando un mal precedente. Así mismo estaría irrumpiendo el Estado de Derecho de los salvadoreños.
Una investigación de Diario El Salvador señala que de no haber solicitado al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, una ampliación de la segunda etapa del proceso donde Muyshondt es señalado de negociar supuestamente con pandillas, el próximo 14 de diciembre se habría finalizado el plazo de investigación y en enero o febrero el alcalde habría enfrentado la audiencia preliminar en la que se determinará si es o no enviado a juicio.
La investigación de Diario El Salvador reveló que el alcalde de San Salvador del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, ha sido favorecido con una petición fiscal para que el proceso penal en su contra se prorrogue hasta después de las elecciones.
Si la Fiscalía no hubiese solicitado al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, una ampliación de la segunda etapa del proceso donde Muyshondt es señalado de negociar supuestamente con pandillas, el próximo 14 de diciembre se habría finalizado el plazo de investigación y en enero o febrero el alcalde habría enfrentado la audiencia preliminar en la que se determinará si es o no enviado a juicio.
El informe de Diario El Salvador señala que el Ministerio Público le ha dicho a la jueza que necesita más tiempo para investigar al alcalde, junto a los exministros de Gobernación y de Justicia en los gobiernos del FMLN, Arístides Valencia y Benito Lara. Con esto se beneficia, una vez más al jefe edilicio y se le permitirá competir en las próximas elecciones. La mañana de miércoles el ministro de Trabajo, interpuso un petitorio para que se inhabiliten las candidaturas de edil capitalino, pero también del de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson.
Desde febrero de 2020, cuando la causa penal pasó a la fase de instrucción, la Fiscalía no ha realizado diligencias de investigación claves y en el escrito de solicitud de prórroga, le dice a la jueza que no se han realizado reconocimientos en rueda de personas, inspecciones oculares, entrevistas a testigos ofrecidas por los procesados, vaciado de información de dispositivos electrónicos incautados, solicitud de bitácoras de teléfonos, y análisis de videos.
En este proceso penal que se inició en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, se presentaron audios adquiridos en intervenciones telefónicas y videos en los que el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, los exdiputados, Arístides Valencia y Benito Lara, se ven reunidos con los cabecillas de las pandillas negociando supuestamente votos para las elecciones presidenciales del año 2014, así como legislativas y municipales del año 2015.
En la audiencia inicial se admitió la declaración de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» quienes han dicho que el FMLN les pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA les entregó $100,000 y que Muyshondt, les entregó $69,000 a cada una de las pandillas para que sus familias y ellos votaran para elegirlo como diputado.
En octubre de 2019, el alcalde capitalino dijo en una entrevista de televisión: «la dirigencia de mi partido me dio la espalda hace 3 años y algunos de mi partido quisieron destruirme, cuando en nombre de ellos hablé con pandilleros para que dejaran votar a la gente».