La «detención arbitraria y discriminatoria» por parte de China contra uigures y otros musulmanes en su región de Xinjiang puede constituir un crimen de lesa humanidad, manifestó este miércoles la jefa saliente de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ha enfrentado críticas de algunos diplomáticos y grupos de derechos por ser «demasiado blanda» con China, publicó el informe sobre este tema minutos antes de que terminara su mandato de cuatro años.
Cabe recordar que Bachelet visitó esta nación en mayo, y ahora en el documento de 48 páginas expuso que «se han cometido graves violaciones de los derechos humanos» en Xinjiang «en el contexto de la aplicación del gobierno de estrategias contra el terrorismo y el extremismo».
«El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de uigures y otros grupos predominantemente musulmanes… puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad»
Bajo este panorama, recomendó al gobierno chino tomar medidas inmediatas para liberar a todos los detenidos en centros de capacitación, prisiones o centros de detención, pues compartió que “hay indicios creíbles de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva de las políticas de planificación familiar desde 2017”.
No obstante, agregó que la falta de datos del gobierno «hace que sea difícil sacar conclusiones sobre el alcance total de la aplicación actual de estas políticas y las violaciones asociadas de los derechos reproductivos».
Por otra parte, los grupos de derechos humanos acusan a Beijing de abusos contra los uigures, una minoría étnica principalmente musulmana que cuenta con alrededor de 10 millones en la región occidental de Xinjiang, incluido el uso masivo de trabajos forzados en campos de internamiento. Incluso, Estados Unidos ha acusado a China de genocidio.
China niega enérgicamente las acusaciones
La misión de China en Ginebra describió el informe como una «farsa» planeada por Estados Unidos, las naciones occidentales y las fuerzas anti-China sobre la base de datos falsos y la suposición de culpabilidad.
El embajador chino ante las Naciones Unidas en Nueva York, Zhang Jun, reiteró que Beijing había expresado repetidamente su oposición, antes de la publicación del informe de la ONU. Igualmente, afirmó que la jefa de derechos humanos no debería interferir en los asuntos internos de su país.
«Todos sabemos muy bien que el llamado problema de Xinjiang es una mentira completamente fabricada por motivaciones políticas y su propósito definitivamente es socavar la estabilidad de China y obstruir su desarrollo», arremetió Zhang Jun.