Para el Ministro de Trabajo es grave que una máxima autoridad que defiende al Estado y sus víctimas (exfiscal general, Douglas Meléndez), haya pedido ocultar lista de los destinatarios de sobresueldos es grave. Las declaraciones las brindó luego de conocerse unas serias declaraciones que incriminan a una de las exautoridades pasadas.
Se trata de una revelación de hechos por parte del expresidente Saca son constitutivos de “justicia selectiva”, que podría compararse con actos de corrupción, lo cual es “gravísimo”, acentuó Rolando Castro quien remarcó que Douglas Meléndez debe ser llevado ante la justicia para que responda por dichos señalamientos, que de ser ciertos, son constitutivos de delitos como omisión de la investigación, actos arbitrarios incumplimiento de deberes, entre otros.
«Hay que mandar a traer a Douglas Meléndez, donde quiera que esté para que entregue cuentas a la justicia», subrayó el ministro de Trabajo haciendo referencia a las declaraciones del exmandatario que el miércoles afirmó que Meléndez mediante el exjefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez y el fiscal Mario Huezo lo obligó a ocultar la lista de los destinatarios de los sobresueldos.
A juicio del ministro Rolando Castro, Douglas Meléndez logró sorprender a varios representantes diplomáticos que creyeron en su discurso, pero que tras la declaración de Elías Antonio Saca quedó en evidencia que usó a la FGR como un instrumento para su beneficio personal y de los poderes fácticos, que le ofrecieron la reelección a cambio de no revelar que recibieron sobresueldos.
«Douglas Meléndez acá en su momento fue reconocido por algunas embajadas como ‘el fiscal’ y lo protegían, y hoy resulta de que esta gente estaba involucrada en la aplicación de justicia selectiva en El Salvador», reprochó el funcionario al mismo tiempo que enfatizó que insistirá hasta que los señalados por Saca sean llevados ante la justicia.
La lista de los hoy exfuncionarios que recibían dádivas de la “partida secreta” incluyen exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes les daba pagos que llamaba “apoyos institucionales”, pero que no eran más que dinero en efectivo que se le entregada mensualmente sin razón que lo justifique y por tanto se podría interpretar como un soborno.