Candidatos a diputados señalados por enriquecimiento ilícito, por recibir pagos ocultos adicionales con fondos públicos y por negociar con pandillas resultaron favorecidos por los magistrados de la Sala de lo Constitucional para los próximos comicios.
De esta manera, las posibilidades de llegar a una resolución –o al menos, medida cautelar– sobre las candidaturas de estos diputados, cuyos partidos tratan de darle golpe de Estado parlamentario al Presidente Bukele, son mínimas.
El lunes 15 de febrero por la noche, cuando falta semana y media para las elecciones legislativas, la Sala de lo Constitucional comunicó seis fallos de una sola vez, con los que terminó protegiendo a tres candidatos de ARENA y a uno del PDC.
Las candidaturas fueron objeto de respectivas demandas de inconstitucionalidad. Para el caso de Norman Quijano, que negoció con pandillas, y Rodolfo Párker, que defendió a criminales de guerra, tienen dos demandas dirigidas a sus candidaturas. Los otros dos son Carlos Reyes, que está bajo la mira de la Corte de Cuentas por posible enriquecimiento ilícito, y Margarita Escobar, que aceptó recibir sobresueldos con fondos públicos cuando fue viceministra.
Los magistrados han dado 24 horas para que quienes promovieron las demandas logren comprobar si las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron impugnadas por algún ciudadano sobre la base del Código Electoral.
En otras palabras, los demandantes tienen un día para reunir y presentar pruebas de que primero se agotaron los procesos internos dentro del TSE, según los pasos que dicta el Código Electoral. Esto es para las seis demandas y, si acaso, el referido organismo puede colaborar con la entrega de la información necesaria en menos de 24 horas. Este requisito es solo para que los magistrados decidan si admiten la demanda, o no.