Los precios de productos como el queso duro han comenzado a estabilizarse, luego de
las inspecciones conjuntas que llevaron a cabo las instituciones del Gobierno
De acuerdo con los comerciantes de estos productos, el quesillo súper está a $2.20 por
libra, una reducción del 26.7 % respecto de la semana anterior.
En tanto, el queso morolique duro blanco se encuentra en $3.50 por libra, equivalente a 14.63 % menos.
Durante la segunda mitad de enero de 2022, los consumidores denunciaron un encarecimiento progresivo de los lácteos, en especial, de los quesos y del quesillo.
El Gobierno para cuidar de la economía familiar, organizó una serie de inspecciones para verificar las alzas e identificar los motivos.
En estas actividades participaron la Defensoría del Consumidor (DC), el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de
Hacienda (MH).
Los equipos visitaron las principales plazas de comercialización de estos productos en todo el territorio y pidieron documentación de las ventas efectuadas.
Las autoridades concluyeron que había un fuerte componente de especulación en la
variación de los precios de quesos y quesillos.
De igual manera, identificaron a los proveedores que estaban influyendo para el encarecimiento: los procesos para que respondan por sus acciones los promoverá la Defensoría.
El porcentaje de aumento que trasladaban los comerciantes a los consumidores y las
pupuserías no tenía ninguna justificación.
En este sentido, la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 18, literal h, indica que manipular los precios sin un sustento técnico es una práctica abusiva que conduce a sanciones.
Los esfuerzos conjuntos han dado resultados positivos y es así como los precios de los
lácteos han comenzado a estabilizarse.
De manera simultánea, continúan los muestreos de las importaciones, en función del mandato legal, para impedir que ingresen quesos o quesillos contaminados con formalina o bacterias dañinas.
El MAG trabaja en promover el consumo local de la producción ganadera salvadoreña,
una actividad de la que dependen 300,000 familias. Además, el ministerio ha puesto en
marcha un plan para modernizar la producción, detener prácticas como la reconstitución
de leche y promover un mercado competitivo de insumos.