La Corte Suprema de Justicia (CSJ), es el órgano del Estado que se encarga de procurar la justicia en El Salvador, de decidir la situación de cada salvadoreño que esté relacionado a un caso judicial, por lo que el perfil idóneo para estos cargos debe incluir la moralidad notoria y el estricto apego la ley.
Sin embargo, la CSJ mantiene entre sus titulares a personas cuya idoneidad es cuestionada, ya sea por corromper el sistema el sistema, ejercer una justicia selectiva o por que se dude de la autenticidad y legalidad de sus acreditaciones como abogados y notarios, como es el caso de la jueza Especializada de Instrucción de San Salvador, Ana América Lorena Rodríguez Avelar, quien es una de más de 2 mil jueces investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), por ejercer con supuesto título falso.
De acuerdo a la investigación que abrió el ministerio fiscal, en atención a una solicitud del Consejo Nacional de la Judicatura, el título de Rodríguez presenta una lista de irregularidades que podrían determinar acciones delictivas como defraudar al Estado y a la población que ha solicitado sus servicios.
Algunas de las irregularidades encontradas en el caso de Rodríguez es que su título corresponde a la Universidad Salvadoreña (USAL); pero sus materias fueron cursadas en la Universidad de El Salvador y la Universidad Dr. José Matías Delgado.
Las investigaciones fiscales detallan que a la jueza le aceptaron 54 materias por equivalencia en la USAL, a pesar que el pensum de dicha Universidad para la carrera de Ciencias Jurídicas solo cuenta con 50, otra situación que constituye irregularidad.
De acuerdo a la Fiscalía utilizar un título falso implica una defraudación al Estado y a la población que solicite sus servicios, por lo que dicha investigación recomendó que “Se inicie la acción penal correspondiente, por los delitos de falsedad ideológica (Art. 284 Pn.) o uso de documento falso (Art. 287 Pn.), en su caso, contra los graduados de licenciatura en Ciencias Jurídicas que han obtenido su título en forma irregular”.
Así mismo recomendó iniciar acción penal contra aquéllos que “tienen un título de una universidad distinta a la de su graduación, o que hayan demostrado especial malicia en sus actos de registro de título, trámite de autorización para el ejercicio de la abogacía, intentos de defraudar a la Fiscalía en esta investigación y otros, con acciones tales como la utilización de certificaciones de notas falsas”.
A pesar que la FGR emitió esas recomendaciones, Rodríguez sigue al frente de un Juzgado decidiendo la situación jurídica de cientos de personas. La Corte Suprema de Justicia no ha tomado acciones contundentes en su caso como separarla de su cargo mientras duran las investigaciones, una actitud muy diferente que la que tienen con el resto de procesados a muchos de los cuales se les ha emitido medidas restrictivas mientras son investigados.