El fiscal general de la república Raúl Melara mencionó que abrirá una investigación por el incumplimiento del Gobierno del mandato de la Sala de Constitucional de la República, en la que ordenó dejar de exigir la prueba PCR .
El Gobierno incumplió las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le ordenó dejar de exigir una prueba PCR negativa a coronavirus como requisito para el retorno de salvadoreños y residentes permanentes a su país y por tanto avisará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la autoría y participación de los posibles implicados.
Los delitos en los que posiblemente incurrieron los involucrados, según la Sala, son «desobediencia, actos arbitrarios, coacción, incumplimiento de deberes u otros, derivados del incumplimiento de las resoluciones pronunciadas por esta Sala el 14 y 18 de septiembre de 2020».
Así lo resolvió la Sala en un amparo firmado el martes 22 y dado a conocer este miércoles 23 de septiembre.
El fiscal general de la república Raúl Melara mencionó que abrirá un investigación sobre las responsabilidades de ministros en incumplimiento de la orden de la Sala. “La FGR abre investigación para establecer el cometimiento de delitos y deducir responsabilidades de los funcionarios que puedan estar involucrados”, expresó Melara.
Entre los funcionarios que exigieron públicamente el PCR para ingresar al país se encuentran el presidente Nayib Bukele, el ministro de Salud Francisco Alabi (que luego se retractó), el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Federico Anliker y el director general de Migración y Extranjería Ricardo Cucalón.
La Sala detalla en el amparo que el Gobierno se reunió con aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez para exigirles que impidieran el abordaje de pasajeros a los vuelos con destino a El Salvador si no presentaban un PCR negativo de máximo 72 horas.
Dichas acciones de parte del Ejecutivo son «una forma frauduenta de evadir el cumplimiento de la medida cautelar ordenada en ese amparo» y dicha orden girada a las aerolíneas, con amenaza de una multa de $6 mil por pasajero, «es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir a particulares (las aerolíneas) el ejercicio de un acto de autoridad, a fin de sortear la resolución judicial».