Douglas Meléndez enfrenta unas fuertes denuncias de coacción y tortura. De acuerdo a sus victimarios, gracias a estas medidas se lograron condenas a como de lugar y de esa forma responder a sus patrocinadores, tal y como consta en los avisos presentados en la Fiscalía General de la República (FGR), que en su momento dirigió el hoy destituido Raúl Melara Morán.
Entre la larga lista de denuncias en contra de Douglas Meléndez se encuentran las presentadas por fiscales y empleados administrativos de la FGR, quienes revelaron que el secreto del hoy exfiscal general para obtener condenas en casos de alto perfil mediático fue presionar hasta el extremo, para que personas que incluso no sabían nada del caso aceptaran ser testigos con criterio de oportunidad, o criteriados como se les conoce en la jerga judicial.
Los fiscales que inicialmente fueron testigos criteriados en el caso “Corruptela” expusieron en los tribunales de justicia cómo eran retenidos en largos interrogatorios, en los que no se les permitía ni tomar agua, además se les exigía que afirmaran hechos de los que ellos no tenían conocimiento, y por tanto incurrirían en fraude procesal y falsos testimonios.
Los denunciantes coincidieron en señalar a Jorge Cortez, exjefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en ese entonces miembro del círculo más íntimo del fiscal Meléndez, como el responsable de ordenar las torturas a las que eran sometidos en cada interrogatorio.
Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, condenado en el caso “Destape a la Corrupción” a través de sus abogados también denunció a Douglas Meléndez y Jorge Cortez, exjefe de la Unidad de Investigación financiera de la FGR por los delitos de actos arbitrarios, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
Tahnya Pastor, abogada de Rodríguez Artreaga, relató que en su momento la FGR citó a su cliente y lo presionó para que se criteriara, incluso se le negó el derecho de pedir un abogado, como se negó se le incluyó en la lista de acusados en el caso “Destape a la Corrupción”.
Fue este proceso uno de los que el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas analizó, y usó como fundamento para resolver que, efectivamente, en la gestión de Douglas Meléndez, Jorge Cortez y su círculo cercano, la FGR fabricaba procesos con pruebas falsas e ilegales, tal como sucedió con el empresario Enrique Rais y se ordenó al Estado Salvadoreño que se restituyan todos los derechos del señor Rais, se repare el daño y se proceda a su liberación inmediata.
Sobre el exfiscal existen múltiples denuncias en el ministerio público y contó con la protección de Raúl Melara, según denuncia.